CORRUPCIÓN EN EL IMPERIO DE CARLOS V

CORRUPCIÓN EN EL IMPERIO DE CARLOS V

            Entre 1516 y 1520 Carlos V se erigió, como resultado de las dinámicas matrimoniales seguidas por sus abuelos maternos y paternos, cabeza de un Imperio descomunal, no sólo europeo sino también americano. A lo largo de los años veinte desplegó un sistema burocrático y administrativo sin precedentes, de formato polisinodial y enorme complejidad, ajustado a las dimensiones de sus dominios. El crecimiento de la burocracia y de sus encargados llevó a la “leva” de miles de escribanos, secretarios, inspectores, recaudadores, juristas, virreyes, secretarios reales, etc.

            Todos ellos eran cargos relacionados, de alguna manera, con la necesidad de levantar una maquinaria de poder estatal capaz de concentrar cada vez más poder, más capacidad operativa. Se trataba, en última instancia, de crear un Estado Moderno en el que el poder central adquiriese nuevas cotas de dominio sobre cada uno de los súbditos, midiendo su eficacia, al fin y al cabo, por su capacidad para movilizar ejércitos, extraer recursos de la sociedad y extender o mantener su influencia.

            Para poner en funcionamiento este gigante organizador de medios materiales y humanos fue necesaria la creación de nuevas instituciones, nuevos cargos, nuevas formas políticas y, sobre todo, la ampliación brutal del cuerpo de funcionarios. El mismo proceso fue seguido en el territorio americano, donde se construyó un entramado administrativo complejo en cuya cúspide estaba siempre, de alguna manera, el propio monarca. Es muy representativo que Carlos V, pese a controlar todos los asuntos de sus territorios, apenas permaneciese en la Península más que para breves estancias, pasando la mayor parte de su vida fuera de ella.

            Esta introducción sirve para dar sentido a las valoraciones que siguen. El universo burocrático, al desarrollarse, adquirió dimensiones internas dignas de estudio, en el sentido de que a su alrededor se construyó todo un estrato social transversal de funcionarios, así como una serie de prácticas y formas de actuación peculiares. Dentro de ese cuerpo existían obvias diferencias según el rango del empleado, pasando de los escribanos, los inspectores y los recaudadores a los administradores virreinales, los virreyes, los consejeros y, en la cúspide, los secretarios reales, que gozaban de posiciones de gran poder y prestigio.

            Esta casta de burócratas se construyó sobre bases poco sólidas, en el sentido de que, por ejemplo, en el Consejo de Hacienda rara vez se situó a un experto de las finanzas o un experimentado mercader, sino que abundaron más bien personajes que, en el mejor de los casos, tenían una formación relacionada con la Justicia o la teología. El nombramiento de cargos adquirió la misma naturaleza que el entramado clientelar que regía, en gran parte, las relaciones sociales en la población, en un sentido piramidal y descendente en orden de subordinación. La riqueza se buscaba en los estratos superiores a través de compensaciones y pagos de servicios, de modo que los beneficios dimanaban de la cabeza del sistema y se filtraban por los resquicios del complejo tejido de relaciones clientelares y de dependencia.

            Que la corrupción campaba a sus anchas en el cuerpo de trabajadores de la administración era asunto conocido. Las oportunidades de enriquecimiento se presentaban constantemente y los sueldos eran especialmente bajos entre los funcionarios de menor categoría, disposición ésta con la que se pretendía incentivar el trabajo duro con aspiraciones a futuros ascensos. Cobos, por ejemplo, que había ocupado posiciones de gran importancia como la de Secretario de Estado, se enriqueció de forma desmesurada, a pesar de la confianza que el propio Carlos I tenía depositada en él.

            El servicio al rey era motivo indiscutible de acceso a favores y recompensas, o lo que es lo mismo, promoción social y riqueza. Dadas las dimensiones del Imperio, el rey no podía entablar estrechas relaciones con todos sus súbditos privilegiados, como sí podía ocurrir en las monarquías medievales. El distanciamiento en todos los sentidos entre monarca y nobleza favoreció que las peticiones de recompensas por servicios (a veces ficticios) y otros trámites fueran derivados a los Consejos, cuyos integrantes participaban de la misma laxitud moral que los demás. Cuando un importante miembro de la nobleza acudía para reclamar un servicio no recompensado, tenía en cuenta que el éxito de su resolución dependía de la disposición de los consejeros a favorecerle, asunto que podía saldarse con algunos pagos en concepto de soborno.

            De esta manera se establecía toda una red de relaciones basadas en la rapiña, el pillaje administrativo y la corrupción, que en cualquier caso quizás no tuviesen las mismas connotaciones que en la actualidad. Lo cierto es que existía cierta relación entre esta forma de funcionar y el espíritu de la sociedad estamental, entendiendo que cada individuo estaba acostumbrado a rescatar cuanto pudiese del piso superior en la escala piramidal, buscando la filtración de riqueza que le permitiese escalar posiciones. Por otro lado, juega importante papel la forma en que se entendía que el acceso a escalas superiores de la sociedad, en el campo de los privilegiados, había de conllevar una exposición de poder y riqueza. Así, los altos funcionarios, identificados siempre con la alta nobleza y poco a poco con la nueva nobleza de toga, debían recubrirse del mayor lujo y celebrar su riqueza en un ejercicio de dilapidación, haciéndose necesaria la continua rapiña de fondos emanados de la instancia inmediatamente superior, que era el rey y sus recompensas, pagos, concesiones, etc.

            El mediano fracaso de esta gigante administración se relaciona, en última instancia, con la forma de construir un Estado Moderno sobre las bases de estructuras socioeconómicas de carácter medieval, como afirma Elliot. La inclusión en este panorama burocrático-administrativo de graves cargas económicas (fundamentalmente provenientes de la guerra) pudo ser una de las razones que dieron al traste con el sistema imperial austriaco. En cualquier caso, es un asunto en discusión el hecho de que los gastos de Corte, en general, fueran o no uno de los motivos de la crisis de la monarquía en el siglo XVII.

BIBLIOGRAFÍA

J. H. ELLIOT, La España Imperial 1469-1716, Madrid, Vicens Vives, 2012.

DOMÍNGUEZ ORTIZ, A., Crisis y decadencia de la España de los Austrias, Barcelona, Ariel, 1984.

AUTOR: Lucas Canteras Zubieta