Las reformas económicas en América durante el siglo XVIII

La finalidad de dichas reformas era incrementar la producción, facilitar el comercio entre los virreinatos y la Península y, en definitiva, aumentar los ingresos fiscales de la Corona.

 

Particular importancia se dio a la minería, con el fin de lograr mayor producción. Buena prueba del interés de la Corona por el desarrollo de la minería es, por ejemplo, el auspicio que dio Carlos III a expediciones mineralógicas que se dirigieron al Nuevo Mundo con el fin de intentar el empleo de nuevas técnicas para conseguir esos objetivos. Interesaba sobre todo la minería de la plata. Había que abaratar los costes para competir en un mundo que experimentaba cambios importantes. Para estimular la minería se crearon escuelas técnicas de minería en México y en Lima, se establecieron sistemas de crédito y se flexibilizaron los impuestos cobrados a los mineros para favorecer la inversión en las minas. La creación de algunos monopolios de la Corona, como el del azogue, contribuyó a estabilizar los precios, e incluso a su abaratamiento.

 

Pero fue en el comercio donde se produjeron las transformaciones de mayor relieve. Se trataba de liberalizar las actividades comerciales. Ocurrió no sólo en España, sino también en otros estados europeos, como Francia e Inglaterra. La Corona española entendió que era necesaria la promulgación de leyes que introdujeran cierta libertad comercial, ante el nuevo panorama que el siglo XVIII trajo consigo. Además, estaba claro que el sistema de monopolio comercial hasta entonces vigente no había cumplido sus objetivos, siendo una muestra de ello la importancia que había adquirido el contrabando. Debe tenerse en cuenta, entre otros factores que explican esa nueva legislación, el hecho del considerable aumento que en el siglo XVIII experimentó el comercio transatlántico, como consecuencia del crecimiento del consumo en Europa a raíz del importante desarrollo demográfico y económico que en esa centuria se dio en el Viejo Continente.

 

Ya en la década de 1760 la Corona española dictó algunas medidas parciales permitiendo el comercio directo entre distintas islas del Caribe, al igual que entre ellas y ciertos puertos peninsulares. Fue en 1778 cuando se promulgó el denominado Reglamento del Comercio Libre. Sin embargo, y a pesar de su nombre, no se trató de una total libertad comercial: se autorizó el tráfico directo entre veinticuatro puertos americanos y doce peninsulares, e igualmente el tráfico interprovincial en América. Además, dejó de existir la Casa de Contratación, lo cual supuso que hubiera mayor flexibilidad en cuanto a las exigencias administrativas para la navegación, cuyo control se estableció en torno a juzgados de arribadas que se establecieron en cada puerto. El mencionado reglamento supuso también la eliminación o disminución de gravámenes fiscales para ciertos productos cuyo comercio se buscaba fomentar, y a la inversa, creció la presión tributaria para los productos extranjeros.

 

Los resulrados de estas reformas en América fueron muy desiguales. Se incrementó la exportación de mercancías (azúcar, tabaco en rama, cacao, cuero y pieles, etc.), que llegaron a suponer el 25% de las exportaciones (el 75% lo constituían las exportaciones de plata) y aumentó el comercio entre los virreinatos, en artículos que no interfirieran en la importación de productos desde España (cueros y pieles argentinos). En cuanto a la repercusión en los distintos territorios, es claro que los efectos positivos se produjeron en aquellas regiones que a la vez habían experimentado reformas territoriales. Un caso claro en este sentido es el del virreinato del Río de la Plata, que tuvo un gran desarrollo a a partir de la decisiva importancia económica y comercial que fue adquiriendo el puerto de Buenos Aires. También fueron un éxito en Nueva España, no así para el Perú y Nueva Granada.

 

 

Patricio de Blas Zabaleta et. al., La empresa de América (Madrid: Editorial EDAF, 2011).